95,632.

Brutal resultó el más reciente comunicado emitido por el INEGI en cuanto al número de asesinatos en los últimos 5 años, las cifras oficiales indican al menos 95,000 muertos, a esto habrá que sumarle varios miles de desaparecidos y otro tanto más de los cadáveres que de a poco a poco –o de mucho en mucho– aparecen con más frecuencia en fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional.

Tan solo en el 2011 se contabilizaron de manera oficial 27,199 homicidios, el estado que tuvo el mayor incremento en sus índices fue Nuevo León, su tasa pasó de 4 asesinatos por cada 100,000 habitantes a finales del 2006 a 46 a finales del 2011, le siguieron el Estado de México, Guerrero y Baja California, la Ciudad de México aún no entra en esta espiral pero para cualquiera que viva en esta ciudad es evidente el incremento de la actividad delictiva y las formas cada vez más violentas que ejerce conforme pasa el tiempo.

México también ha logrado perfilarse como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, inclusive a la periodista Lydia Cacho las autoridades le sugirieron que se fuera un tiempo del país ante la incapacidad de ofrecerle algún tipo de seguridad.

Esta vez el gobierno federal ha preferido hacer mutis al respecto, entre las constantes contradicciones, la realidad que se encarga de enfrentarlos, los casos de corrupción e infiltración de los grupos criminales en todos los niveles de gobierno y negocios que van de bancos hasta equipos de futbol, el presidente ha preferido no salir en defensa de su estrategia, cargándole el bulto a la familia como origen y semillero de los delincuentes, y ahora alega que con buenos deseos y un ambiente amoroso se podrá abatir el incremento de la delincuencia, o francamente ya piensa más bien en cómo no salir de órbita terminado su sexenio, dónde colocar a la familia o en la refundación de lo que quedó de su partido.

Otro aspecto del que no se ha hablado es quiénes son estas 95 mil víctimas; en un discurso oficial que criminaliza a todo aquel que termina abatido, nadie ha podido dar una explicación de qué tipo de investigaciones se llevaron a cabo en cada caso y dónde quedaron los cuerpos. Quizá solo el respaldo del vecino del norte en esta campaña contra el narcoterrorismo –como les gusta decir para justificar lo que sea necesario– ha sido lo único que impide que la ONU nos declare oficialmente un estado fallido e intervenga para poner orden en nuestro territorio.

La reciente fosa común encontrada en Tapachula donde se presume se hallaron al menos 100 cadáveres pone al país nuevamente en el ojo de muchas organizaciones de derechos humanos. Su paso por el territorio mexicano se ha convertido en el infierno para muchos migrantes, pero como son inmigrantes ilegales pues parece ser que a nadie le da siquiera un poco de vergüenza.•